En términos económicos sería un retroceso para el país por la destrucción del ahorro nacional que se ha logrado en los 20 años del sistema; además atentaría contra la estabilidad económica, y afectaría de forma negativa los mercados de valores y de capitales, lo que podría incidir de igual manera en el sistema financiero.

La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) favorece una reforma de la Ley 87-01 de Seguridad Social que permita otorgar más y mejores pensiones, que aumente la cobertura y cree las condiciones para alcanzar la universalidad del sistema. Asimismo, entiende que deben discutirse las propuestas con fundamentos económicos que muestren su sostenibilidad, pues medidas inviables por las altas cargas al presupuesto público no mejorarían las condiciones de los trabajadores.

En el marco de los debates y propuestas de cara a una reforma pensional, la ADAFP muestra preocupación con el contenido del informe de la Comisión Bicameral para la revisión de la ley 87-01 de Seguridad Social, pues este plantea una propuesta radical que elimina el actual sistema de ahorro individual y lo cambia por uno de reparto estatal en el que los afiliados no tendrían propiedad de sus fondos para el retiro y que, además, tendría una alta carga fiscal para el presupuesto nacional.

La propuesta no plantea soluciones para los principales desafíos del sistema de pensiones en el país, ya que no establece cómo proteger a los trabajadores independientes o cuentapropistas y a los informales, de manera que se pueda lograr una mayor cobertura y protección en seguridad social.

En términos económicos sería un retroceso para el país por la destrucción del ahorro nacional que se ha logrado en los 20 años del sistema; además atentaría contra la estabilidad económica, y afectaría de forma negativa los mercados de valores y de capitales, lo que podría incidir de igual manera también el sistema financiero.

De acuerdo con la estructura del sistema y la asignación obligatoria de los afiliados que plantea la propuesta de la Comisión Bicameral, se dispone que quienes ganen hasta cuatro salarios mínimos del sector público, así como los empleados públicos, pasarían al sistema de reparto, con lo que pone a cargo del Ministerio de Hacienda el pago de las pensiones de alrededor del 90% de los trabajadores del país. Esto implicaría un aumento significativo de la carga fiscal, ya que tendrían que pagarse con presupuesto público.

La propuesta no focaliza el presupuesto público para garantizar pensiones mínimas solidarias a la población más vulnerable y no explica qué ocurriría con los afiliados que no alcancen al menos 20 años de cotización en el sistema público de reparto, pues en ese sistema no existe propiedad individual de los fondos de pensiones. Este es un punto sensible porque la informalidad del mercado laboral en el país supera el 55% y, por tanto, la densidad de cotización de muchos afiliados -especialmente de ingresos bajos- no es idónea, pues fluctúan constantemente entre el sector formal y el informal. Y la propuesta de la Comisión Bicameral no contempla la solución de esta situación.

Otro elemento preocupante para la sostenibilidad es que baja del 0.95% actual a un rango de entre 0.40% y 0.60% el aporte para la prima del seguro de discapacidad y sobrevivencia, mientras promete incrementar los beneficios.

El proyecto incluye otros elementos especialmente sensibles relativos al funcionamiento y la administración del sistema, como son la reducción de los aportes para financiar las operaciones de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), así como las comisiones que podrían recibir las administradoras de fondos de pensiones.

En cuanto a los aspectos de la gobernanza del sistema de pensiones, la propuesta elimina el veto, lo cual no se corresponde con el esquema tripartito que rige en el país basado en los convenios internacionales en esta materia suscritos por la República Dominicana.

Un elemento también preocupante es que la propuesta de la Bicameral contempla la eliminación de Unipago, la Empresa Procesadora de Base de Datos, que es de capital mixto, con accionistas del sector público y del privado. Unipago ha aportado una alta eficiencia y transparencia en la recaudación y dispersión de los recursos de todo el Sistema de Seguridad Social, producto del balance que en las operaciones de gestión del sistema de recaudo y afiliación realiza eficazmente junto a la TSS.

La ADAFP invita a los legisladores, a las autoridades gubernamentales, a los sectores empresarial y sindical y a la población en general a que, juntos, nos aboquemos a una reflexión para trabajar una reforma que de manera sostenible permita más y mejores pensiones y que el sistema siga siendo clave en el desarrollo económico y social del país. Esta reflexión debe considerar los logros alcanzados durante 20 años de implementación del sistema para que éste sea más equitativo, inclusivo, solidario, eficiente y universal.